Por Joaquín Morales Solá Para LA NACION
Hay un preso acusado de jefe de una asociación ilícita que declaró ante el juez Javier López Biscayart que la empresa Skanska pagó coimas, presuntamente a funcionarios del Ministerio de Planificación. Hay una polémica sorda entre el Gobierno (sordo) y la empresa Techint (muda) sobre quién o quiénes cobraron esos sobornos. La línea más directa que uniría ambos puntos sería una convocatoria del juez a los imputados en el caso para hacerles una pregunta simple: ¿a quién le pagaron las supuestas coimas? La pregunta puede resultar ingenua, pero no lo es tanto. Los involucrados en una causa de esta envergadura saben que están más cerca de la cárcel que de la libertad. Es improbable, por lo tanto, que se sienten frente al magistrado dispuestos alegremente a mentirle. Las eventuales respuestas despejarían la principal duda de estos días: ¿fue el Gobierno el que presionó para que se pagara un sobreprecio del 150 por ciento en una obra pública? ¿O fue la empresa TGN la que decidió elevar hasta el infinito el presupuesto inicial? El Gobierno viene asegurando que fue la empresa la que tomó esa decisión, luego de hacer varias consultas de precios, pero siete cartas reveladas por LA NACION indican que fue el Gobierno el que resolvió de esa manera, contra la advertencia de la propia TGN de que se estaba pagando por la obra más de lo que la obra valía. Techint tiene el 15 por ciento de las acciones de TGN y su gerencia general. Pero también hay otros pesos pesados en el resto de los socios de la transportadora de gas. Destaca, sobre todo, la petrolera francesa Total, que controla varias gerencias de TGN. Total sería la empresa más ofuscada por las invectivas oficiales de los últimos días. Otro aspecto del problema ha pasado casi inadvertido. ¿Qué experiencia tiene en la construcción de plantas compresoras de gas la empresa BTU SA? La construcción de esas compresoras es una obra de una enorme sofisticación técnica, que conlleva el riesgo del posterior procesamiento de un combustible muy peligroso. Skanska, Contreras Hermanos y BTU SA recibieron el encargo de hacer, cada una, una planta compresora de gas en el marco de la ampliación del gasoducto del Norte. Skanska y Contreras Hermanos podrían ser investigadas por su falta de principios éticos, y de hecho, la primera está bajo la lupa de la justicia. Sería extremadamente grave si cometieron el delito penal de pagar sobornos, quien fuera que los haya recibido. Sin embargo, ambas tienen una reconocida experiencia técnica para la construcción de compresoras de gas. No hay dudas sobre ese aspecto. No pasa lo mismo con BTU SA, que no tiene antecedentes reconocidos en el mercado de los combustibles como constructora de obras de esa magnitud. BTU SA sería propiedad de capitales de Santa Cruz. Por lo que se sabe, al menos, un decreto del presidente Néstor Kirchner le adjudicó, en agosto de 2006, la provisión de gas a El Calafate y la expansión de un gasoducto en Santa Cruz. En el proceso de construcción de la planta compresora del gasoducto del Norte a cargo de BTU ya hubo dos accidentes fatales. Según versiones oficiales, la empresa BTU se haría cargo ahora de toda la segunda parte de la ampliación del gasoducto, no iniciada aún. Un argumento que se ha meneado con insistencia en los últimos días es que se habría tratado de actos de corrupción entre privados. La primera aclaración que debe hacerse es que la ampliación de los gasoductos es una obra pública y, por lo tanto, ninguna corrupción -ni pública ni privada- deja de afectar al conjunto de los argentinos.
* * * Precisemos: el fideicomiso destinado a financiar estas obras se formó con aportes de empresas privadas, es cierto, pero que fueron simples adelantos de recursos para agilizar los trámites ante la crisis energética. Esos adelantos serán devueltos, una vez concluidas las obras, por cargas especiales en las facturas de gas de los sectores de más alto consumo, el 40 por ciento del total. Entre esos sectores de alto consumo están las empresas formadoras de precios, que, obviamente, volcarán a los precios de sus productos parte, por lo menos, de las cargas especiales en las facturas de gas. En conclusión, el conjunto de la sociedad argentina, ya sea por derecha o por izquierda, ya sea de manera directa o indirecta, terminará pagando el costo de esos gasoductos. No está mal que la sociedad financie parte de su bienestar, pero estaría muy mal que pagara precios satelitalmente superiores a los que corresponden. Estamos hablando de un 150 por ciento más de lo presupuestado. En ese contexto, vale la pena hacer otra pregunta: ¿qué precios pagó -o está pagando- la transportadora de gas del Sur por las plantas compresoras de gas? Sería inexplicable si fuera el mismo que el del gasoducto del Norte. La geografía del Norte, donde los caños de gas deben atravesar montañas y selvas, no es la misma que la serena planicie del Sur. Versiones que no fueron confirmadas aseguran, con todo, que el precio en el Sur fue superior al del Norte. No deja de haber, en el fárrago de los sucesos de los últimos días, una notable contradicción política. Techint, tal vez la empresa argentina de más envergadura, cultiva ideas sobre la economía muy parecidas a las que aplica el presidente Kirchner desde que está en el poder. Esa empresa fue casi abiertamente opositora al plan de convertibilidad del ex presidente Carlos Menem. Pero ni Menem la zamarreó con tanta intensidad en público ni la relegó de las obras públicas como lo ha hecho el actual presidente. Techint tiene la principal empresa constructora del país y nunca ganó una sola licitación en el gobierno que más obras públicas ha hecho en las últimas décadas. La relación entre el Gobierno y Techint llegó a su punto máximo de tensión anteayer, cuando el Enargas publicó una amplia solicitada con imputaciones directas a la empresa. Sólo una semana antes, el líder de la empresa, Paolo Rocca, acompañó a la senadora Cristina Kirchner en parte de su visita a México. Los amigos duran muy poco en la extraña galaxia del kirchnerismo.
